Honduras: Cada 3.5 horas una mujer sufre de violencia sexual

Yo no quiero ser violada es una campaña hondureña dedicada a concientizar sobre los casos de violencia sexual que quedan impunes en el país.

En Honduras cada tres horas y media una niña o mujer sufre alguna forma de violencia sexual según registros del Ministerio Público (MP) y Medicina Forense realizados en 2020 y 2019.

Honduras es uno de los países de Latinoamérica con los índices más altos de delitos sobre la agresión sexual, después de Colombia y República Dominicana, el país se encuentra en el tercer lugar de este listado publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien el país, son varias instituciones las que mantienen un registro de los casos y denuncias de agresiones sexuales, específicamente Medicina Forense y el Ministerio Público (MP), mantienen datos actualizados; datos que son utilizados en numerosos estudios por organizaciones nacionales para la mujer.

Según estas insituciones, la cantidad de denuncias realizadas son tantas, que en una media llaman aproximadamente 7 veces al día para algún tipo de denuncia sobre agresión sexual.

Solamente en el 2019 Medicina Forense registró un total de 3,189 denuncias sobre agresiones sexuales. 86 por ciento de esos casos fueron de mujeres y solamente el 13 por ciento fueron hombres; 13 personas sin ninguna especificación de sexo.

En el 2020 la misma institución reportó 1,912 denuncias del mismo delito, siendo esta cifra una disminución significativa de denuncias.

En adición a estas denuncias, el Ministerio Público igualmente tiene un registro sobre este tipo de delitos.

Denuncias de violencia sexual por departamento

Los datos del MP indican que en el 2019 hubo un total de 2,773 denuncias y en el 2020 un total de 2,129.

Entre ambas instituciones, el 2019 tuvo casi 6 mil denuncias y el 2020 con más de 4 mil; haciendo una diferencia significativa entre ambos años en cuanto a denuncias.

El factor clave entre ambos años fue la pandemia del Covid-19 que se presentó a inicios del 2020.

En los meses de abril hasta julio, el país por medio de suspensión de garantías constitucionales implementó el confinamiento obligatorio; instituciones de todo tipo fueron temporalmente cerradas y adaptadas a una modalidad virtual.

Si bien las cifras disminuyeron coincidentemente en estos meses, esto no significa necesariamente que hubo una disminución de ofensas, el Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en sus análisis plantea la posibilidad de que por la pandemia se les imposibilitó a las víctimas poder denunciar propiamente por el cierre de instituciones.

Asimismo, otra posibilidad planteada por el CDM fue que mientras las personas permanecieran en casa, los agresores pertenecientes al núcleo familiar de las víctimas se darían cuenta de cualquier denuncia realizada ya que no había un momento de soledad que les permitiera hacerlo.

Formas de Violencia

En una entrevista realizada a la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) por el CDM, se identificaron varias formas de violencia que sufren las niñas y mujeres hondureñas. Dentro de estas podemos encontrar: violencia doméstica e intrafamiliar, violencia física, psicológica y sexual.

Dentro de la violencia sexual encontramos delitos como actos de lujuria, violación o penetración forzada, abuso sexual de menores de edad, abuso sexual a las personas con discapacidades físicas o mentales, estupro e incesto.

Tomando en cuenta la población hondureña que es menor de edad, es decir bebés recién nacidos hasta personas de 18 años de edad, los delitos más denunciados al MP son los de violación, actos de lujuria, estupro y rapto.

En el 2019 más del 60 por ciento de las violaciones fueron perpetuadas contras niñas entre 10 y 17 años, ahora bien, en el 2020 ese porcentaje fue el 60.6 por ciento.

Según cifras obtenidas del Observatorio del Centro de Derechos de la Mujer, a través de información brindada por el Ministerio Público, estas fueron las agresiones más denunciadas en el 2019 y 2020.

Consecuencias

Las agresiones sexuales no solo pueden resultar en un daño psicológico o físico en las víctimas, sino que también dentro de las repercusiones para mujeres en edad reproductiva, las posibilidades de un embarazo no deseado tras una violación son altas.

A pesar de esto, el Estado de Honduras les niega a las mujeres la posibilidad de prevenirlo, ya que, la legislación hondureña desde el 2009 prohíbe la distribución, promoción, venta y uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE).

Cabe destacar que en el 2020 las violaciones constituyeron un 28 por ciento de las denuncias de agresión sexual en el MP.

El elevado número de embarazos no deseados en niñas menores de 19 años es preocupante y refleja los niveles de agresión sexual que se sufre en el país. Solamente en 2019 fueron más de 27 mil partos de niñas entre 10 y 19 años; mientras que en el 2020 fueron más de 23 mil partos bajo las mismas condiciones.

A pesar de esto, el problema de embarazos en menores de edad trasciende más allá del hecho de la violencia sexual, sino que factores como la falta de implementación de programas de educación sexual, la prohibición del aborto en cualquier circunstancia y la prohibición de recursos como la PAE contribuyen al fenómeno según instituciones como el CDM.

Aborto en Honduras

A pesar de que Honduras es el segundo país en Latinoamérica con el nivel más alto de embarazos adolescentes, la legislación hondureña no ha favorecido a las mujeres con una opción pro aborto.

El número de abortos inseguros en Honduras oscila de los 51 mil hasta los 82 mil según cifras obtenidas tras un reporte realizado por dos expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicada a inicios del 2021.

El reporte de las Naciones Unidas se publicó en un momento conveniente ya que el 13 de enero del presente año el vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Mario Pérez, presentó una moción para prohibir por completo los futuros intentos para aprobar una ley pro-aborto.

El proyecto denominado “Escudo Contra el Aborto en Honduras”, corresponde al artículo 67 de la Constitución de la República aprobado en un debate, con 88 votos a favor y 33 en contra.

El artículo establece que es “prohibido e ilegal en la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.

Cabe destacar que igualmente la reforma incluye que “serán nulas en inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario.” Esto con el objetivo de impedir cualquier modificación de este artículo.

A pesar de esta prohibición, las mujeres hondureñas se realizan abortos, la mayoría de las veces en condiciones inseguras e insalubres que pueden llevarlas a la muerte.

Según registros de la Secretaría de Salud (Sesal), en 2019 se reportaron 12,192 egresos en hospitales públicos por embarazos terminados a causa de aborto inducido.

De enero a septiembre del 2020 se reportaron 9,749 egresos por la misma razón.

En cuanto al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el 2017 se reportaron 4,303 egresos por abortos en mujeres y niñas entre 13 y 55 años.

A pesar de estas cifras, el número presentado por la ONU sobre abortos inducidos en Honduras es mucho más grande. Esta discrepancia se debe a que una cifra exacta y oficial no se encuentra ya que siendo el aborto en circunstancias clandestinas e ilegales, se dificulta tener una noción exacta de la cantidad de prácticas realizadas.

Clandestinidad

Acerca de la clandestinidad de estas prácticas, el conocimiento de clínicas es conocido sin embargo no exacto. No se mantiene un registro que ubique exactamente estas clínicas.

Aunque asistir a un establecimiento físico no es necesario para esta práctica, el internet y las redes sociales han permitido difundir información a las mujeres que deseen realizar un aborto en casa.

El grupo denominado como “La Línea”, es una línea telefónica que manteniendo una anonimidad completa proporciona información sobre la obtención de medicamentos necesarios, obtención de la PAE, posibles consecuencias, medidas de seguridad, entre otras cosas.

Esta iniciativa surgió en el 2017 en Facebook, por medio de cinco mujeres voluntarias tras recibir una capacitación en el 2016 por la organización Women Help Women.

Tras ganar popularidad, en 2018 la línea telefónica sufrió un bloqueo ya que se especula que un medio de comunicación reportó a las autoridades el uso de este número, según comunicó la fundadora de la organización en una entrevista a la BBC, que por razones de seguridad se mantiene en el anonimato.

Foto publicitaria publicada en la página de Facebook de la organización La Línea.

Penalización

El Código Penal hondureño penaliza con tres a seis años de prisión a las mujeres que se realicen un aborto.

Actualmente los casos de judicializaciones de mujeres por el delito de aborto son una realidad en el país. Según el informe de 2019 sobre Criminalización por el Delito de Aborto en Honduras, indica que el 81 por ciento de los casos son jóvenes de entre 18 y 28 años.

La violencia sexual es igualmente penalizada con penas más graves, sin embargo el esfuerzo por judicializar a los agresores no son suficientes por parte del Estado.

Actualmente no hay ningún proyecto de ley que facilite el proceso de la denuncia o siquiera le asegure a la víctima que habrá una consecuencia para su agresor.

Cabe destacar que las cifras de judicializaciones para agresores sexuales son bajas en relación a la cantidad de denuncias que se realizan al año.

De las 4,902 denuncias realizadas en 2019 y 2020 por agresión sexual, en 2019 menos de la mitad fueron sometidos a los Juzgados de Letras de lo Penal.

Más preocupante aún el hecho que de esas 4,092 denuncias de agresión sexual, solamente 634 de ellas lograron una sentencia condenatoria. En el resto de los casos el agresor quedó en libertad.

El CDM en su estudio sobre violencia sexual afirma que: “Tenemos una institucionalidad que no garantiza el pleno ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que, además, tiene una deuda con la aplicación de justicia en los casos de violencia sexual”.

La violencia sexual y sus consecuencias son un fenómeno que ha asechado al país hace muchos años, el incremento de estas ofensas solo refleja una falta de instrumentos que implementen protocolos de seguridad y salud y sobre todo prevención de incidentes de este tipo.